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El derecho a la educación en México en la Constitución de 1917, casi 100 años después de su promulgación
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La realización de las aspiraciones populares de la norma máxima de México, fue un acto de justicia que en 1917
respondió a las deficiencias históricas de la mayoría, coronando una etapa importante del proceso histórico de
lucha por el pueblo mexicano, de conformidad con los principios que emanan de la igualdad y la libertad del ciclo
de las revoluciones burguesas Inglés, americana y francesa [2], que legaron al mundo los principales lineamientos
del sistema liberal.
Casi 100 años después de la promulgación de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, se debe analizar
la vida y el sustento de los principios que dieron origen a torales cuestiones controvertidas de los representantes
del pueblo, el establecimiento de los derechos fundamentales garantizados por el estado de la población.
Después de la victoria de la Revolución Mexicana, Venustiano Carranza convocó a una Asamblea Constituyente
para reformar la Constitución promulgada el 5 de febrero de 1857, se establece un periodo comprendido entre
01 de diciembre 1916 y 31 de enero 1917 fecha límite para implementar las discusiones entre los diputados sería
elegido a un ritmo de uno por cada 60.000 habitantes [3]. Para ello, en el período comprendido entre marzo y
agosto de 1916, un grupo de ocho abogados redactó la primera versión del proyecto de reforma constitucional
que fue perfeccionada entre septiembre y noviembre por un grupo de políticos afines al nuevo régimen, hasta la
final Versión logrado [4], presentada el 1 de diciembre, el escrutinio de la legislatura resultante de las elecciones
celebradas el 22 de octubre 1916 [5].
Durante las audiencias del Congreso, educación, reforma agraria, las relaciones laborales, la figura de las
relaciones de la ciudad y la iglesia-estado eran torales cuestiones controvertidas de los representantes del pueblo,
dando lugar a la adopción de los artículos 3, 27, 123 y 115, así como los artículos 24 y 130 de la Constitución,
para configurar los aspectos fundamentales de la protección a los ciudadanos por el Estado mexicano, que estaba
decidido a ser construido por uninacional en la soberanía jurídica y política, los derechos humanos, la separación
de poderes principios, sistema federal, sistema representativo, la supremacía de Estado sobre la iglesia y la orden
judicial como medio fundamental de control de constitucionalidad [6].
Así, con un tablero formado por Luis Manuel Rojas como presidente; Cándido Aguilar y Salvador González Torres
como Vicepresidentes; Fernando Lizardi, Ernesto Meade Fierro, José María Truchuelo y Antonio Ancona Albertos
como secretarios; y Jesús López Lira, Fernando Castaño, Juan de Dios Bojórquez y Flavio A. Bórquez como
prosecretarios [7], el Congreso Constituyente, complejo y heterogéneo, convirtieron la propuesta de Carranza, en
un concomitante Carta Magna con las exigencias de la voluntad popular manifestada en sí violentamente durante
la revolución [8], la introducción de garantías de contenido social, que colocan el gobierno de México para
encabezar el constitucionalismo mundial [9].
En la voz de los constitucionalistas, el espíritu de nuestra Constitución, residía principalmente en los artículos 3,
27 y 123 [10]. A la luz del artículo 3 [11], la necesidad de la educación primaria que afectó a la mayoría, se coloca
en un estado de desventaja abismal contra las clases propietarias y se ilustra [12], se convirtió en el derecho
universal a la libertad y el secularismo institucionalizado a través de una masiva sistema educativo lo largo y
ancho del país, destacando las aspiraciones educativas surgió desde el principio de la independencia hasta la
Revolución [13].
El artículo 27, por su parte, fue adoptado para resolver los problemas que exigían los grupos étnicos y
campesinos [14] comunidades. Entre sus disposiciones incluyen la propiedad original de las tierras y aguas de la
Nación como responsables de la dominación y la explotación de sus recursos naturales; la disposición de que el
gobierno proporcione los medios adecuados para su distribución; la prohibición del latifundio y la declaración de
que era cesiones o expropiaciones void hechas de manera ilegal, todo lo cual liberó a los agricultores de la
esclavitud de la finca, de conceder derechos de propiedad y la protección del trabajo Esto fue establecido en el
artículo 123, para hacer frente a la condiciones de trabajo extremadamente desfavorables predominantes para
los trabajadores [15], que se caracterizan por agotadores, los bajos salarios y día también carecen de los
derechos, por lo que el Congreso Constituyente un ejemplar relaciones de regulación entre los trabajadores y los
empleadores, un día de trabajo máximo de ocho horas; la prohibición del trabajo de los niños menores de doce
años; y el pago de los salarios en moneda de circulación legal [16].



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